“En Áncash, existen siete denuncias en trámite y 20 que han sido archivadas. La procuraduría analizó todas estas disposiciones de archivo y hay muchas que se dieron de manera irregular o de manera injustificada. Ahí vamos a tomar las acciones que correspondan para fijar responsabilidades en los magistrados”, manifestó.
Ante la
Comisión de Fiscalización del Congreso, que analiza la situación en Áncash, el abogado del estado indicó que se debe desarrollar una autoría de todas las decisiones adoptadas por los fiscales y jueces de esa región en torno al presidente regional.
“Urge identificar la red de corrupción que maneja todo”, añadió.
Indicó que en la provincia del Santa, se le archivaron tres acusaciones más a Álvarez.
También indicó que hace dos años, la oficina de la Procuraduría Anticorrupción en dicha región advirtió que en esa jurisdicción los funcionarios de la fiscalía y Poder Judicial están sometidos por la corrupción o por el amedrentamiento, por medio de muertes y atentados.
Recordó que la fiscalía del Santa emitió un documento al despacho del fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, para pedirle ayuda para investigar el
caso de ‘La Centralita’, edificio en Chimbote donde habría funcionado un centro de espionaje telefónico contra los opositores de Álvarez. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación devolvió el caso.
Salas señaló que hasta el día de hoy, a casi tres años de la intervención a ‘La Centralita’, el juicio aún no ha comenzado.
Para concluir, contó que el equipo de procuradores en Áncash sesiona a puerta cerrada y sale en grupo a la calle “por temor”.
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